Opinión

La situación de la discapacidad en la política española de cooperación al desarrollo

Por Jesús Manuel Gracia Aldaz, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

16/10/2012

La lucha contra la pobreza es el objetivo fundamental de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. Luchar contra la pobreza demanda atender una multiplicidad de formas de privación en términos no sólo de renta y consumo, sino también de ejercicio de los derechos, que se traducen en un acceso a los servicios básicos, la educación, la salud, la participación política, la desigualdad entre hombres y mujeres, así como la seguridad y el trabajo decente. Dada la interrelación entre esta multiplicidad de dimensiones de la pobreza, es necesario incidir no sólo en el desarrollo económico en los países socios, sino también en que éste responda a la inclusión de las personas excluidas, y de los sectores de población en situación de mayor pobreza, como es el caso de las personas con discapacidad.

Por tanto, desde la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica abogamos por la promoción de un crecimiento inclusivo en el que se garanticen el respeto y el cumplimiento de los Derechos Humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales, de todas las personas, sin discriminación alguna. Desde este enfoque, es nuestro objetivo considerar en todas las acciones emprendidas, tal y como se expresa en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España, que las personas con discapacidad sean, al igual que el resto de personas, titulares de derechos y no sólo objeto de políticas caritativas o asistenciales.

Somos conscientes de que más de mil millones de personas en el mundo (el 15 % de la población) viven con alguna forma de discapacidad, según los últimos datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011), y que de esta cifra un porcentaje abrumador, el 80%, vive en países pobres. Además, según la OMS, la discapacidad debe considerarse como un problema de desarrollo, siendo uno de los desafíos más urgentes a los que deben hacer frente las políticas de desarrollo en la actualidad.

En la actual coyuntura de crisis económica, tanto a nivel mundial como nacional, en que los presupuestos destinados a la cooperación para el desarrollo se han visto sensiblemente rebajados, resulta difícil y a la vez urge abordar estos desafíos. Para poder enfrentarlos con éxito es necesario racionalizar los esfuerzos, partiendo de la evaluación objetiva de las acciones emprendidas, para poder gestionar los fondos dedicados a la Ayuda Oficial al Desarrollo de manera eficaz, transparente y con calidad.

España cuenta con una positiva reputación y sustentada credibilidad internacional por su compromiso en la lucha contra la discriminación, y constituye un referente por su avanzada legislación y alto grado de desarrollo de las políticas de apoyo a la discapacidad. Tal situación se ha conseguido, entre otras cosas, por la implicación directa, en la elaboración y desarrollo de las políticas públicas, de las personas con discapacidad a través de sus organizaciones representativas, como es el caso del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con el que la AECID ha colaborado directamente para la realización de este estudio.

El abordaje de este estudio es pues una muestra más de la estrecha colaboración de la Administración con la sociedad y del ágil cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España, en este caso la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no sólo se trasladan al plano nacional sino que trascienden al internacional. Tenemos una gran responsabilidad, puesto que la cooperación para el desarrollo resulta una herramienta de gran utilidad para incluir, en la agenda política y en los planes de acción de los países más pobres, a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad. Debemos aprovechar nuestras herramientas, y en este sentido, es nuestra intención obtener el mayor rendimiento de nuestros conocimientos para actuar en la eficacia y eficiencia en esta noble tarea.

Tenemos un largo y apasionante camino por delante, ya que los resultados de este estudio ponen de manifiesto, además de la larga trayectoria que hemos recorrido, la necesidad de asumir retos importantes, como es dotar de mayor
visibilidad a las personas con discapacidad en el marco de nuestra política de cooperación para el desarrollo.

Quiero aprovechar esta oportunidad para animar a cuantos profesionales y organizaciones están comprometidos con el ámbito de la cooperación al desarrollo a que reflexionen sobre las acciones necesarias para eliminar los obstáculos que dificultan la inclusión de las personas con discapacidad, que deben ser consideradas como parte integrante y enriquecedora de la ciudadanía. Todo avance en su inclusión constituirá un importante paso adicional en el camino hacia la consecución de sociedades más cohesionadas.

(Texto del prólogo del libro “La situación de la discapacidad en la política española de cooperación al desarrollo”, de Beatriz Martínez Ríos, de reciente publicación por el CERMI)